Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local

ARTICLE-HORTANOTICIAS 18-10-13
REFORMA DE LLEI DE REGIM LOCAL
Josep Manel San Fèlix Górriz


La Administración local es el termostato del día a día, la primera instancia, la más próxima al ciudadano, la que, por tanto, conoce y reconoce sus problemas y puede abordar sus soluciones con mayor efectividad.
Los ayuntamientos han sido capaces de afrontar los grandes retos y los cambios culturales de finales del siglo XX: los fenómenos migratorios, los nuevos modelos familiares, la dependencia y el envejecimiento de la población, y en esta primera década del siglo XXI, son el principal dique de contención contra la crisis; el principal espacio de resistencia, de dignidad, de defensa de los derechos de la ciudadanía y el principal espacio para generar alternativas sociales y económicas con los que paliar los efectos de la crisis y los recortes. Estos cambios y la situación económica obligan a una reflexión y a un refuerzo de las políticas y los servicios públicos de los municipios para garantizar la igualdad de oportunidades.

Yo, como alcalde, apuesto por un modelo de gobiernos locales que haga de la educación, los servicios sociales, las políticas de igualdad, la cultura, la cooperación para el desarrollo y el derecho a la vivienda las claves de la vertebración municipal y la construcción de ciudadanía. Un municipalismo que integre los valores de las ciudades y pueblos sostenibles.

En definitiva, un municipalismo que efectivamente pueda desarrollarse y reconocerse en la Carta Europea de Autonomía Local, y que se base en los principios de simplificación, transparencia y modernización de los entes locales,

el principio de autonomía, subsidiariedad, diferenciación, equilibrio territorial, desarrollo sostenible y suficiencia financiera, con las correspondientes transferencias de recursos económicos, humanos y con niveles de atención, de calidad homogéneos; así como garantizar el derecho a participar de forma efectiva y directa en los asuntos públicos.



El Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, supone la demolición del modelo de gestión pública que se inició en el estado español con los Ayuntamientos democráticos en 1979, y que, ha supuesto un avance en el desarrollo del estado de bienestar. Con esta reforma local se procede a un desmantelamiento, de la experiencia democrática local, en la línea tradicional del modelo centralizador y de gestión autoritaria del actual gobierno del Partido Popujar.

La denominada reforma de la Administración Local no es en realidad una reforma de desarrollo de los Ayuntamientos como administración más cercana al ciudadano. Los municipios españoles en 1979 fueron la expresión más evidente de la llegada de la democracia a nuestro país: miles de concejales y concejalas, de alcaldesas y alcaldes, elegidos por sus vecinos, accedieron al gobierno de sus Ayuntamientos desde la preocupación por satisfacer las demandas más acuciantes de sus vecinos,



La demoledora y trágica reforma del artículo 135 de la Constitución Española en septiembre de 2011, acordada por el PSOE y el PP, recoge el principio de estabilidad presupuestaria como principio rector de todas las administraciones públicas, y a esta obsesión se somete ahora a la Administración Local a través de esta reforma, sin contemplar las consecuencias sociales en forma de pobreza y deterioro de servicios que esa rigidez provoca en la sociedad, principalmente en las capas populares.

Nos encontramos ante un cambio total de modelo que vulnera el principio de autonomía local, organizativa y del principio de subsidiariedad contenido en la Carta Europea de Autonomía Local.



La exposición de motivos del Proyecto de Ley afirma que se pretende eliminar duplicidades y competencias impropias, para ajustar la Administración Local a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera consagrados por la Ley 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que desarrolla el citado artículo 135 de la CE. Sin embargo, no se eliminan duplicidades -pues existen las competencias  compartidas y se mantiene la posibilidad de que los municipios saneados afronten cualquier servicio-, sino que en todo caso se desactivan competencias propias de los municipios, en aspectos socialmente tan relevantes como educación, salud, servicios sociales, y otros, para pasarlas a las Comunidades Autónomas sin su correspondiente financiación. Hablan de eliminar duplicidades cuando quieren decir desmantelamiento de servicios. Hablan de clarificación de competencias cuando quieren decir reducción a la mínima expresión de la Administración Local.



La intervención bajo la premisa obsesiva de la sostenibilidad quiere decir privatizar servicios y reconoce como uno de los objetivos el “favorecer la iniciativa económica privada, evitando intervenciones administrativas desproporcionadas”. Aquí reside la clave de la reforma.



Debilitamiento de la democracia local a través de la reducción de sus competencias, anteposición de los principios financieros neoliberales sobre  cualesquiera otra consideración en la gestión municipal, intervención y fortalecimiento de una entidad decimonónica, asociada al clientelismo y la falta

de transparencia y control democrático, como son las Diputaciones Provinciales, y privatización de los servicios públicos por ésta en los municipios

que pierdan la titularidad de sus competencias. Llaman profesionalidad y transparencia a la eliminación de la política en el ámbito local.



La reforma presupone un  ahorro de gastos en cargos públicos, cuando ese ahorro, si es que se produce, supondrá como mucho el 2% del total. Hablan de limitación de remuneraciones al 82% de los cargos públicos locales cuando esa ausencia de remuneración ya existe en esos porcentajes entre los 68.285 concejales y concejalas de los 8.116 municipios españoles.

Tenemos que destacar que siendo uno de los objetivos de esta reforma el de llevar a cabo un cambio institucional que suponga una reducción del gasto público, es decir no tanto “racionalizar” como “ahorrar”, resulta clamorosa la ausencia de una “memoria económica” sobre su impacto real y consecuencias en el entramado de gobiernos locales y las Comunidades Autónomas.

El texto que se propone como reforma viene impregnado de tutelaje sobre el nivel de gobierno local. En el Proyecto de Ley se degrada la autonomía local a una “mera habilitación funcional” por parte del nivel de Gobierno Central.

“Rebajando” las competencias y su alcance material (o trasladando “su ejercicio” a otros niveles de gobierno local no legitimados democráticamente de

forma directa, como son las Diputaciones pretende desactivar “el gobierno local”, lo cual es tanto como acotarla o, incluso vaciarla de contenido efectivo.

El Proyecto de Ley, de acuerdo con las observaciones del Consejo de Estado al anteproyecto, ha suprimido la noción “coste estándar” y ha omitido la asunción directa por parte de las Diputaciones de la prestación de los servicios mínimos obligatorios en el caso de municipios de menos de 20.000 habitantes.

Sin embargo, con una finalidad exclusivamente economicista (de ahorro de gasto público) ha atribuido a las Diputaciones provinciales la propuesta de prestación común de esos servicios o la adopción de fórmulas alternativas de gestión (mancomunidades o consorcios, entre otras).



A través del Proyecto de Ley se pretende intervenir en la vida local vaciando de

competencias a los municipios de menos de 20.000 habitantes, el 95% de nuestros entes municipales. La crisis no la han provocado las aldeas ni los pequeños pueblos, pero serán excluidos de sus derechos de representación y autonomía. Su desaparición alejará aún más las instituciones,

ahogando la voz de la minoría rural y poniendo en grave peligro importantes recursos comunes de gestión social y sostenible.

Creo que el verdadero “efecto positivo” según el legislador es que se establece la herramienta y el instrumento jurídico para la expulsión de numeroso personal al servicio de las administraciones locales, con el correlativo recorte en servicios.

En definitiva, esta reforma de la Administración Local supone el mayor ataque a los ayuntamientos democráticos en la corta experiencia histórica de los mismos; es una vuelta a la centralización y al papel tradicional de aquéllos como meros ejecutores de las políticas del gobierno central.

Con este Proyecto de Ley se pretende convertir en una excepcionalidad histórica la experiencia democrática de los ayuntamientos españoles iniciada en 1979.

Esta reforma elimina el poder de lo más cercano, aleja a la ciudadanía de la gestión de lo público, y fortalece la deriva autoritaria, en un momento en el que

la ciudadanía exige más participación, más democracia y más transparencia. El

gobierno responde con más tutelaje, menos democracia y menos participación en los asuntos públicos.