“Que la gente no se venga abajo,
que luche, que sí se puede.
Yo me veía fuera de mi casa,
y ahora todo ha cambiado”.
María del Carmen Andújar, primera persona
acogida al Decreto-Ley Antidesahucios
MANIFIESTO
En defensa del derecho a la vivienda digna y adecuada.
Por una
Andalucía sin desahucios
No al recurso del Gobierno del PP contra el Decreto
para garantizar la función social de la Vivienda
Sabemos que desde 2007 se han producido 86.000
desahucios en Andalucía. Sabemos que es el pueblo trabajador en que los está
sufriendo, sabemos que la estafa hipotecaria y la burbuja financiera están provocando
mucho dolor.
Es conocido que cientos de miles de familias trabajadoras dedican más de la mitad de
sus ingresos al pago de la vivienda, viéndose obligadas a decidir mes a mes, entre
pagar la hipoteca y comer. También sabemos que en no pocas ocasiones, esa la
decisión la
precipitan las circunstancias. El impago llega, el desahucio se acerca, y en
algunas ocasiones
la presión se hace insostenible y empuja al suicidio a quiénes la
sufren.
196.000 familias reclaman en la actualidad una vivienda a través de los Registros
Municipales de Demandantes de Vivienda.
Toda una generación, sin trabajo y sin expectativas, tiene imposible emanciparse. En
muchas casas comienzan a convivir dos y tres generaciones: se hacinan las personas
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y los problemas. Cualquier observador externo pensaría que en Andalucía faltan
casas.
Según la Constitución Española, que debe orientar la acción de los poderes públicos,
el acceso a una vivienda digna y adecuada es un derecho, siendo estos poderes
públicos
los responsables de “promover las condiciones necesarias y de establecer las
normas adecuadas” para hacerlo efectivo.
Así lo recoge su artículo 47.
Los Andaluces y Andaluzas sabemos que existen 700.000 viviendas vacías en
Andalucía. 700.000 mil viviendas vacías, que en su mayoría pertenecen a las
entidades financieras, inmobiliarias o sociedades de gestión de activos.
También sabemos que la misma Constitución reconoce “el derecho a la propiedad
privada” en su artículo 33, y que “la función social” de ésta, “estará delimitada por las
leyes”. Sabemos que
el Artículo 128 de la Constitución señala que “toda la riqueza del
país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés
general”. Desde IU, la sociedad civil organizada y miles de ciudadanos y ciudadanas,
consideramos que “toda la riqueza del país” incluye las 700.000 mil viviendas
andaluzas y vacías.
Todo indica, que para llegar a esta situación, en la que se da la irracionalidad de
“
casas sin gente, y gentes sin casa
”, los poderes públicos han permitido durante
décadas que la propiedad privada de los poderosos esté por encima del interés
general, vulnerando lo establecido en la Constitución. Denunciamos esta realidad y
nos rebelamos contra ella dando alternativas concretas: Decreto-Ley de medidas para
Asegurar el Cumplimiento de la Función Social de la Vivienda.
El interés general. La función social de la propiedad. La propiedad privada.
Cuestión de prioridades.
Tras la entrada de IU en el Gobierno de la Junta de Andalucía, el orden de prioridades
esta claro. Primero las personas y sus derechos básicos. El Decreto de medidas para
asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda parte de la función social
de la propiedad privada de las viviendas, subordinando este régimen de propiedad al
interés general. Y lo hace en el marco de las competencias de la Comunidad
Autónoma Andaluza y como desarrollo de la Constitución.
En sus dos primeros meses de vigencia, el decreto ha conseguido garantizar el
derecho a la vivienda de 9 familias andaluzas. En la actualidad la Consejería de
Fomento y Vivienda estudia centenares de casos, siendo una esperanza para miles de
personas y sirviendo de defensa de quiénes están permanentemente en el alambre del
paro y de la precariedad, aliviando la toma de la decisión entre pagar la hipoteca y
comer.
La propiedad privada. La función social de la propiedad. El interés general.
Cuestión de prioridades.
El Gobierno del PP ha anunciado que va a presentar un recurso de
inconstitucionalidad contra el decreto. Un recurso que supondría la paralización del
decreto-ley por un espacio de tiempo determinado (5 meses) o
sine die
hasta el
pronunciamiento del Tribunal Constitucional.
Ya sabemos cuál es la prioridad del Gobierno Central. Primero los bancos y su cuenta
de resultados, aunque suponga impedir que la gran mayoría de la sociedad ejerza su
derecho a la vivienda digna y adecuada, y que se vulnere el principio según el que
“toda la riqueza del país esta subordinada al interés general”.
No nos sorprende. El PP es el protector de los intereses de los bancos y de las
grandes inmobiliarias, quienes detentan las viviendas vacías, quienes especulan con
el suelo, con el techo, con las paredes, con las habitación de las hijas y los hijos, con
la sala de estar, con la cocina y el baño, con la calefacción y el agua caliente, con la
ventana por la que entra el sol, con el hogar.
El PP es el representante político de quienes han hecho un negocio infame de la
necesidad de protegerse del frío, del calor, de la humedad y del viento. De la
necesidad de tener un espacio digno donde crecer y donde vivir.
No hay Estado Social Democrático y de Derecho sin vivienda
El Tribunal Constitucional tiene que deliberar acerca del recurso. Durante todo el
tiempo que dure esa deliberación vamos a dar la batalla para defender la función
social de la propiedad, el derecho humano a la vivienda, el Estatuto de Autonomía
para Andalucía y una Andalucía sin desahucios.
El Tribunal Constitucional no solo estará decidiendo si el decreto es constitucional o no
lo es. Estará decidiendo si la Constitución sirve al interés general o sirve a las élites
económicas, estando de un lado la mayoría de la sociedad, y del otro, la ínfima
minoría de la sociedad.
Desde IU Andalucía llamamos a las y los miles de desahuciados e hipotecados, a
quienes sufren este drama en primera persona, a los movimientos y organizaciones
sociales y sindicales que llevan años peleando en la calle contra ésta y otras
injusticias, a la ciudadanía comprometida con su pueblo, a defender el Decreto-Ley
que defiende el derecho a la vivienda en Andalucía. Porque el decreto-Ley no hubiera
sido posible sin su lucha, y ahora toca defender esta conquista, por humilde que sea.
El Gobierno del PP, el mismo que tumbó la ILP de la Dación en pago
dando la espalda
a un millón y medio de ciudadanas y ciudadanos
, pretende anular cualquier respuesta
y salida a la crisis diferente a la que impone la Troika, esa mascara que usan los
banqueros y los especuladores para defender sus propiedades y sus beneficios a
costa de privar de toda propiedad a las nueve décimas partes de la sociedad. Nos
tendrán enfrente dando alternativas concretas que dan esperanza y poder al pueblo.
En defensa del derecho a la vivienda digna y adecuada,
Por Andalucía Sin desahucios
No al recurso del Gobierno del PP contra el Decreto para garantizar la función social de la vivienda
