CORRUPCIÓN Y JUSTICIA

          CORRUPCIÓN Y JUSTICIA

últimos datos:

•En la investigación de la cuenta B del Partido Popular aparecen, según la cadena SER, 6 nuevas cuentas en Suiza, bajo la responsabilidad de un político relevante y destacado del Partido en el año 2009.

•Concurso de acreedores en Marina D’Or. Modelo de especulación del bipartidismo.

•Imputación de los directivos del metro de Valencia

•Puesto en libertad sin fianza el acusado del fraude en los cursos de formación por parte de las empresas de Madrid.

Detengamos el expolio de dinero público para fines privados: La corrupción se ha convertido en uno de los principales temas de preocupación de los/as españoles/as. Los casos Bárcenas, Urdangarín, Matas, Fabra, Baltar, Gürtel, Brugal, Palma Arena, Malaya, ERE… son muestras de una situación de corrupción masiva: del expolio continuado del dinero público para fines privados erigido como forma de gobierno.

Pero la corrupción política es la cima del iceberg de un modelo productivo que nos ha traido el paro y una crisis más rofunda que en muchos países europeos .

La lucha contra la corrupción necesita de medidas de choque pero también y

sobre todo de una transformación profunda del sistema político y económico.

Es necesario asumir responsabilidades políticas y no sólo penales. En la mayoría de los casos de corrupción la estrategia del bipartidismo consiste en evitar asumir responsabilidades políticas, mientras se torpedea la acción de la justicia.

En el caso de los ERE, en la Comisión de investigación creada a instancias de IU, tanto PP y PSOE votaron juntos en contra de más de u centenar de conclusiones de la misma, sobre todo las responsabilidades políticas en el dictamen final, primando sus intereses partidistas.

Es necesario ir más allá, denunciar a los corruptos y también a los corruptores:

La corrupción es la punta del iceberg de la crisis del sistema económico y político. En estos son ejemplares el caso Barcenas y el caso Bankia, de la extensión de la corrupción, y para mostrarlo hemos considerado imprescindibles personarnos como acusación particular. En el caso Bankia por estamos convencidos de que los imputados son “autores y ejecutores” de un plan de engaño y estafa a los ciudadanos al ocultarles la “situación desastrosa de

Bankia”, en palabras de Cayo Lara.

En el caso Barcenas hemos interpuesto una querella contra dirigentes y exdirigentes del PP, pero también la hemos extendido a los miembros de algunas de las mayores empresas del país (Para más información: http://querellabarcenas.org). Nos hemos querellado contra la elite del poder, económico y político, para descubrir no sólo el enriquecimiento ilícito de los

gestores políticos sino también los grandes movimientos de dinero público en beneficio privado. Hemos constado un gran saqueo de las arcas públicas, en que el dinero que recibían los corruptos era sólo la cima del iceberg. La corrupción demuestra que se gobierna en beneficio de los grandes negocios. La lucha contra la corrupción, erigida como norma de gobierno, está unida a la lucha por el cambio del modelo productivo y por el cambio del sistema democrático.

La corrupción como antesala de la privatización: Algunos discurso, bajo una apariencia de lucha contra la corrupción, realmente persiguen la privatización de los servicios públicos y de las escasas empresas públicas que todavía nos pertenecen. En el fondo se trata de ir más allá en el saqueo de los bienes públicos, entregándolos directamente a los corruptores. Recordemos también que Berlusconi, en Italia, o Gil y Gil, llegaron al poder denunciando a “los políticos corruptos”. La supresión de los intermediarios no supuso ningún ahorro, sino que el saqueo fue más completo y sistemático. La solución que IU propone no es privatizar los bienes públicos sino democratizar su gestión, aumentando la transparencia, para que efectivamente estén al servicio de la mayoría social.

Luchas contra la corrupción es defender una justicia gratuita al servicio de la mayoría. El PP ha llevado a cabo una reforma de la justicia que supone uno de los mayores ataques a los derechos de los/as ciudadanos/as. El proyecto de ley de Asistencia Jurídica Gratuita impulsado por Alberto Ruiz-Gallardón pone en marcha “una ‘justicia de mercado’, en la cual hay una justicia de ‘clase business’: del poder económico, de los aforados y de algunos indultos; y una ‘justicia de segunda clase’, la de la inmensa mayoría, la justicia de pago”, en

definitiva “una justicia de beneficencia”, en palabras de Gaspar Llamazares.

Es necesario defender el principio de justicia universal: Esta reforma de la justicia en beneficio de los poderosos tiene su complemento en una nueva limitación de la justicia universal. Al dictado de las grandes potencias y las grandes multinacionales, a principio de 2014 el PP ha limitado la jurisprudencia de los tribunales españoles, permitiendo incluso que decenas de narcotraficantes sean puestos en libertad, dado que las detenciones fueron

realizadas en aguas internacionales. Pero la limitación de la limitación de la justicia universal no es nueva. Ya en 2009, PSOE y PP, se pusieron de acuerdo para modificar el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que consagra el principio de jurisdicción universal referido a determinados delitos, a fin de limitar su alcance. También lo hicieron de forma acelerada, en el trámite de enmiendas al Proyecto de Ley de Reforma de la Legislación Procesal para la Implantación de la Oficina Judicial. La actual candidata Elena Valenciano, en aquel momento responsable de relaciones internacionales del PSOE, defendió está limitación, para que los tribunales no pudieran perseguir a militares norteamericanos o marroquíes, incluso en aquellos casos en que las víctimas eran ciudadanos españoles, como en el caso Couso. Años después, los papeles de Wikilies demostraron como las autoridades socialistas habían actuado al dictado de intereses extranjeros en contra de sus propios compatriotas. IU defiende una justicia que sea independiente de los grandes poder económicos y políticos, que actúe en defensa del interés general y no de supuestos intereses de Estado.

La justicia, entendida como un servicio público, universal, gratuito y al servicio de la democracia. Es una de las herramientas que tiene la sociedad para evitar la que las personas queden indefensas ante los poderosos. Es por tanto un instrumento de transformación social, para mejorar la realidad, al que los ciudadanos deben tener un acceso garantizado y garantías para el ejercicio de sus derechos.