En tiempo de crisis, deberíamos dejar los personalismos políticos y
centrarnos en ayudar a paliar las consecuencias de la pandemia. A pesar de contar con el visto bueno de la Secretaria, el grupo de gobierno a iniciativa de Compromís, partido responsable de gestionar la concejalía de Servicios Sociales, no apoyó que se llevará al pleno la siguiente moción que pedía que se pudiera destinar la totalidad del superávit municipal a los efectos del coronavirus, que se diera un mayor peso al Plan de Empleo Municipal, para ofrecer una alternativa laboral a aquellas personas que han perdido su empleo y no sólo una ayuda económica, y que el Ayuntamiento contara con una bolsa de viviendas municipales para ofrecer en alquiler social a aquellas personas que se lo necesiten ( además de reivindicar nuevamente el piso del secretario que lleva 11 meses para contratar una pequeña reforma y el edificio de santísima trinidad, que sigue en proyecto).
UP-EU seguiremos trabajando y proponiendo para que no paguen los de siempre. Por unas instituciones al servicio de las personas.
Podéis leer a continuación la moción presentada:
MOCIÓN DE UNIDES PODEM-ESQUERRA UNIDA PARA LA UTILIZACIÓN DEL SUPERAVIT PRESUPUESTARIO Y REMANENTES DE TESORERÍA PARA QUE LOS AYUNTAMIENTOS PUEDAN ABORDAR LAS POLÍTICAS NECESARIAS PARA PROTEGER A LA POBLACIÓN DE LAS CONSECUENCIAS DE LA PANDEMIA.
El
grupo municipal Unides Podem-EU, según lo dispuesto en el R.D. de 28
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, propone
para su debate y aprobación en el Pleno del Ayuntamiento de Godella
la siguiente moción:
EXPOSICIÓN
DE MOTIVOS
La
grave pandemia del Covid19 está ocasionando consecuencias que solo
pueden calificarse de devastadoras. En primer lugar, en términos de
vidas humanas ya que a nivel mundial el número de personas
fallecidas son ya más de 140.000 personas en el mundo, y más de
21.000 de ellas en España.
Gracias
a los esfuerzos de las autoridades sanitarias, a la actuación del
Gobierno que decretó ya hace más de un mes el estado de alarma y a
la colaboración de la ciudadanía en la etapa de confinamiento, se
está consiguiendo frenar la evolución de la enfermedad. Incluso
así, el daño es gravísimo.
Tal
y como han indicado las instituciones internacionales, el impacto
negativo de la emergencia sanitaria será también muy importante
sobre la economía mundial. Según el Fondo Monetario Internacional,
el peor que ha vivido el mundo en casi un siglo y certificó que el
crecimiento económico global este año será "fuertemente
negativo" y para 2021 solo
se verá una "recuperación
parcial". Incluso su máxima
responsable Kristalina Georgieva ha declarado que es previsible
anticipar “las peores
consecuencias económicas desde la Gran Depresión”.
En
la misma línea y de forma previa, la Comisión Europea suspendió el
20 de marzo la aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, es
decir, el conjunto de normas fiscales comunitarias, abriendo así la
puerta a que los gobiernos nacionales puedan elevar su gasto público
todo lo necesario para combatir la propagación del coronavirus y
mitigar sus consecuencias económicas.
Desgraciadamente,
esas decisiones adoptadas, no han tenido aún efecto en España y no
han sido aún trasladadas a la realidad de nuestro país.
La
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, sigue en vigor y, de igual forma que ha
bloqueado el gasto público desde 2012 hasta 2019, sigue
restringiendo sobremanera la capacidad de gasto de las
administraciones públicas en la nueva situación de emergencia. En
concreto, la enunciación, en el artículo 12 de la citada Ley, de la
denominada “regla de gasto” está restringiendo de manera
injustificada la actuación de las Corporaciones Locales en un
contexto en el que coexisten importantes superávit presupuestarios
con acuciantes necesidades sociales, debido a unos servicios públicos
fundamentales debilitados después de años de fuertes restricciones
presupuestarias.
Con el objetivo de frenar el impacto social
de la pandemia, el Gobierno de España ha articulado una serie de
medidas financieras y presupuestarias para facilitar la actuación de
las corporaciones locales en el ejercicio de sus competencias de
protección y promoción social.
Se ha aprobado destinar “el
superávit presupuestario de las entidades locales de 2019 a
financiar gastos de inversión destinados a Servicios Sociales y
promoción social”. Esto
permite a algunos Ayuntamientos reforzar sus recursos en Servicios
Sociales para impulsar medidas de protección y promoción social de
las personas vulnerables, pero aún son
muchas las Entidades Locales que no pueden acogerse a estas
disposiciones normativas debido a las limitaciones presupuestarias,
la regla de gasto y otras restricciones que anteponen el pago de la
deuda a poder hacer frente y dar respuesta a una crisis como las que
estamos viviendo.
Las restricciones
derivadas de la declaración del estado de alarma para frenar el
avance del COVID-19 han supuesto un freno a nuestra economía. Es ya
una realidad la de tener que atender, por parte de las instituciones
locales, a las necesidades sociales y económicas que se derivan de
este contexto de paralización del sistema productivo no esencial. El
aumento del paro y de las personas que están en situación de mayor
vulnerabilidad conlleva movilizar gran cantidad de fondos públicos.
En estos momentos desde las Corporaciones locales tenemos la
responsabilidad de erigirnos como los mayores garantes del
acompañamiento durante el confinamiento y dinamización de las
iniciativas comunitarias. Con el principal objetivo de hacer realidad
y aterrizar las medidas del Escudo Social. Se debe tener en cuenta
además que el Consejo Europeo ha aprobado la cláusula general de
salvaguarda para que los países miembros puedan apartarse de los
requisitos presupuestarios establecidos.
Sin
embargo, y con el objetivo de dar cobertura a apoyo a las vecinas y
vecinos, PYMES y personas en régimen autónomo, las entidades
municipales están viendo limitada su capacidad de maniobra por las
restricciones impuestas por el techo de gasto, contempladas en la Ley
de Estabilidad Presupuestaria Sostenibilidad Financiera de 2013,
conocida como Ley Montoro. Dicha Ley impone la prohibición de gastar
el superávit presupuestario más allá del 20%. Esta Ley proviene de
las políticas de austeridad que se implementaron como recetas para
salir de la crisis de 2008. Se ha demostrado que ha tenido una
repercusión social negativa, ha limitado la inversión y el margen
de maniobra municipal en el desarrollo de sus políticas públicas
que fomentasen una recuperación basada en principios de justicia
social.
La
capacidad de crear empleo público estable y digno en la
administración local, de dar una respuesta social y fortalecer el
sistema de bienestar depende en buena medida de la capacidad de gasto
de las corporaciones locales en los próximos meses. Esto marcará la
diferencia entre preservar el futuro de los municipios, los proyectos
empresariales y el bienestar de nuestras vecinas y vecinos.
A
su vez, se debe tener en cuenta la infrafinanciación autonómica que
históricamente padece la Comunidad Valenciana, ya que somos la única
comunidad autónoma cuya renta per cápita es inferior en relación a
los recursos que aporta. Consideramos por eso urgente la reforma del
sistema de financiación autonómico. Se deben tomar medidas como
liberar el límite de gasto a las Comunidades autónomas con el fin
de que puedan realizar inversiones en materia social y de
reactivación económica que nos permita superar la situación en el
menor tiempo posible actuando desde los distintos niveles
competenciales.
Tal y como recoge el acuerdo de coalición
entre Unidas Podemos y PSOE, entendemos que el Gobierno Central debe
seguir ampliando las competencias y capacidades de los gobiernos
locales, garantizando el respecto de la autonomía local y
fortaleciendo el papel de los municipios como unidad territorial
básica.
También
la propia Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha
acordado con un amplio consenso
flexibilizar la regla de gasto
para que los Ayuntamientos
podamos “participar en la
solución de forma equilibrada mostrando como siempre hicieron su
solidaridad con todas las instituciones y su vocación de atender a
los ciudadanos de sus municipios”.
En este contexto
resulta justificada una reforma
de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que modifique la
regulación de la regla de gasto, de modo que permita a las
Corporaciones Locales que además cumplen en su inmensa mayoría con
los criterios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera, así como con el periodo máximo de pago de la deuda
comercial, reinvertir su superávit fiscal para garantizar la
prestación de los servicios públicos de su competencia.
Y además es extremadamente urgente que, en
tanto que la reforma de la Ley Orgánica sea realizada, se proceda a
suspender los efectos coercitivos en la práctica de las reglas
fiscales, tal y como ha sido aprobado por la Comisión Europea y el
Eurogrupo.
Por
lo expuesto anteriormente el Grupo municipal Unides Podem- Esquerra
Unida solicita a través del Pleno la adopción de los siguientes
ACUERDOS:
Instar
al Gobierno Central a:
1º Modificar la Ley
2/2012 de 27 de abril y permitir a los Ayuntamientos utilizar el
remanente de tesorería y el superávit presupuestario para hacer
frente a esta crisis social e inyectar recursos a la economía
productiva.
2º Establecer
límites al destino de los gastos, con el fin de garantizar que
servirán para atender a las necesidades sociales y económicas
comunes (familias, autónomos y pymes) y que no ha lugar a gastos
para intereses particulares o de grandes empresas que salgan
beneficiados de esta crisis.
3º Suspender la
aplicación de los límites de déficit de las Comunidades Autónomas
para la inversión en sanidad y medidas sociales y económicas con el
fin de mitigar el impacto de la crisis del Coronavirus.
4º Eliminar la tasa
de reposición tanto para las Comunidades Autónomas como para
Entidades Locales.
5º Dar traslado del
presente acuerdo al Gobierno de la Generalitat y al Gobierno de la
nación, así como al Consejo europeo.
Instar
a la corporación municipal:
1º Aumentar la
partida presupuestaria destinada al Plan de de Empleo social para que
tenga cabida el conjunto de la ciudadanía en riesgo de pobreza, y
agilizar la gestión del mismo para que puedan incorporarse lo antes
posible a los puestos de trabajo.
2º Acelerar la
creación de la empresa pública municipal que se hace aún más
necesaria para afrontar esta crisis.
3º Agilizar la
creación de un banco de viviendas para las personas que las
solicitaron el año pasado y que esta crisis hace más acuciante esa
necesidad.
En
Godella, a 21 de abril de 2020
Irene
Ferré Manzanero
Portavoz
de Unides Podem – Esquerra Unida
