CORRUPCIÓN Y JUSTICIA
últimos datos:
•En la
investigación de la cuenta B del Partido Popular aparecen, según la cadena SER, 6 nuevas cuentas en Suiza, bajo
la responsabilidad de un político relevante y destacado del Partido en
el año 2009.
•Concurso de acreedores en Marina D’Or. Modelo de especulación del bipartidismo.
•Imputación de los directivos del metro de Valencia
•Puesto en libertad sin fianza el acusado del fraude en los cursos
de formación por parte de las empresas de
Madrid.
Detengamos el expolio de dinero público para fines privados: La
corrupción se ha convertido en uno de los principales temas de preocupación de
los/as españoles/as. Los casos Bárcenas, Urdangarín, Matas, Fabra, Baltar,
Gürtel, Brugal, Palma Arena, Malaya, ERE… son muestras de una situación de corrupción
masiva: del expolio continuado del dinero público para fines privados erigido
como forma de gobierno.
Pero la corrupción política es la cima del iceberg de un modelo
productivo que nos ha traido el paro y una crisis más rofunda que en muchos
países europeos .
La lucha contra la corrupción necesita de medidas de choque pero
también y
sobre todo de una transformación profunda del sistema político y
económico.
Es necesario asumir responsabilidades políticas y no sólo penales.
En la mayoría de los casos de corrupción la estrategia del bipartidismo
consiste en evitar asumir responsabilidades políticas, mientras se torpedea la
acción de la justicia.
En el caso de los ERE, en la Comisión de investigación creada a
instancias de IU, tanto PP y PSOE votaron juntos en contra de más de u centenar
de conclusiones de la misma, sobre todo las responsabilidades políticas en el dictamen
final, primando sus intereses partidistas.
Es necesario ir más allá, denunciar a los corruptos y también a
los corruptores:
La corrupción es la punta del iceberg de la crisis del sistema
económico y político. En estos son ejemplares el caso Barcenas y el caso
Bankia, de la extensión de la corrupción, y para mostrarlo hemos considerado
imprescindibles personarnos como acusación particular. En el caso Bankia por
estamos convencidos de que los imputados son “autores y ejecutores” de un plan
de engaño y estafa a los ciudadanos al ocultarles la “situación desastrosa de
Bankia”, en palabras de Cayo Lara.
En el caso Barcenas hemos interpuesto una querella contra
dirigentes y exdirigentes del PP, pero también la hemos extendido a los
miembros de algunas de las mayores empresas del país (Para más información: http://querellabarcenas.org). Nos hemos querellado contra la elite del poder, económico
y político, para descubrir no sólo el enriquecimiento ilícito de los
gestores políticos sino también los grandes movimientos de dinero
público en beneficio privado. Hemos constado un gran saqueo de las arcas
públicas, en que el dinero que recibían los corruptos era sólo la cima del
iceberg. La corrupción demuestra que se gobierna en beneficio de los grandes
negocios. La lucha contra la corrupción, erigida como norma de gobierno, está
unida a la lucha por el cambio del modelo productivo y por el cambio del
sistema democrático.
La corrupción como antesala de la privatización: Algunos discurso,
bajo una apariencia de lucha contra la corrupción, realmente persiguen la
privatización de los servicios públicos y de las escasas empresas públicas que
todavía nos pertenecen. En el fondo se trata de ir más allá en el saqueo de los
bienes públicos, entregándolos directamente a los corruptores. Recordemos
también que Berlusconi, en Italia, o Gil y Gil, llegaron al poder denunciando a
“los políticos corruptos”. La supresión de los intermediarios no supuso ningún ahorro,
sino que el saqueo fue más completo y sistemático. La solución que IU propone
no es privatizar los bienes públicos sino democratizar su gestión, aumentando
la transparencia, para que efectivamente estén al servicio de la mayoría
social.
Luchas contra la corrupción es defender una justicia gratuita al
servicio de la mayoría. El PP ha llevado a cabo una reforma de la justicia que
supone uno de los mayores ataques a los derechos de los/as ciudadanos/as. El
proyecto de ley de Asistencia Jurídica Gratuita impulsado por Alberto
Ruiz-Gallardón pone en marcha “una ‘justicia de mercado’, en la cual hay una
justicia de ‘clase business’: del poder económico, de los aforados y de algunos
indultos; y una ‘justicia de segunda clase’, la de la inmensa mayoría, la
justicia de pago”, en
definitiva “una justicia de beneficencia”, en palabras de Gaspar
Llamazares.
Es necesario defender el principio de justicia universal: Esta
reforma de la justicia en beneficio de los poderosos tiene su complemento en
una nueva limitación de la justicia universal. Al dictado de las grandes
potencias y las grandes multinacionales, a principio de 2014 el PP ha limitado
la jurisprudencia de los tribunales españoles, permitiendo incluso que decenas
de narcotraficantes sean puestos en libertad, dado que las detenciones fueron
realizadas en aguas internacionales. Pero la limitación de la
limitación de la justicia universal no es nueva. Ya en 2009,
PSOE y PP, se pusieron de acuerdo para modificar el artículo 23 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, que consagra el principio de jurisdicción
universal referido a determinados delitos, a fin de limitar su alcance. También
lo hicieron de forma acelerada, en el trámite de enmiendas al Proyecto de Ley
de Reforma de la Legislación Procesal para la Implantación de la Oficina
Judicial. La actual candidata Elena Valenciano, en aquel momento responsable de
relaciones internacionales del PSOE, defendió está limitación, para que los
tribunales no pudieran perseguir a militares norteamericanos o marroquíes,
incluso en aquellos casos en que las víctimas eran ciudadanos españoles, como
en el caso Couso. Años después, los papeles de Wikilies demostraron como las
autoridades socialistas habían actuado al dictado de intereses extranjeros en
contra de sus propios compatriotas. IU defiende una justicia que sea
independiente de los grandes poder económicos y políticos, que actúe en defensa
del interés general y no de supuestos intereses de Estado.
La justicia, entendida como un servicio
público, universal, gratuito y al servicio de la democracia. Es una de las
herramientas que tiene la sociedad para evitar la que las personas queden
indefensas ante los poderosos. Es por tanto un instrumento de transformación
social, para mejorar la realidad, al que los ciudadanos deben tener un acceso
garantizado y garantías para el ejercicio de sus derechos.
